La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Estepona, Emma María Molina Fernández, ha informado hoy de la presentación de una demanda contencioso-administrativa por vulneración de derechos fundamentales frente al Ayuntamiento de Estepona, ante la dilación injustificada y la entrega incompleta de documentación pública relacionada con la concesión demanial del espacio “Mirador del Carmen”.
La demanda ha sido presentada mediante el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales y denuncia la inactividad administrativa del Ayuntamiento tras producirse un silencio administrativo positivo respecto a la solicitud de información formulada por la concejala socialista el pasado 24 de enero de 2026. Según se expone en el procedimiento judicial, el Ayuntamiento no resolvió dentro del plazo legalmente previsto de cinco días naturales establecido en la normativa de régimen local para las solicitudes de acceso a información formuladas por concejales en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. Pese a ello, la Administración municipal continuó remitiendo documentación de forma parcial, extemporánea e incompleta.
La solicitud presentada por la portavoz socialista afectaba a documentación de enorme relevancia pública vinculada a la concesión del Mirador del Carmen, incluyendo el expediente íntegro de adjudicación, informes técnicos y jurídicos, licencias urbanísticas e información económica relativa a cánones. Emma María Molina Fernández ha señalado que “no estamos ante una cuestión meramente formal ni ante un simple retraso administrativo. Estamos ante una dilación injustificada que impide ejercer con plenitud la función de control que corresponde legalmente a la oposición”.
Desde el Grupo Municipal Socialista se recuerda además que esta concesión municipal está siendo investigada actualmente por un Juzgado de Instrucción por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la actuación del alcalde. “Resulta especialmente grave que, mientras existe una investigación judicial penal abierta, el equipo de gobierno siga demorando la entrega de documentación pública”, ha manifestado la portavoz. La demanda sostiene que la actuación municipal vulnera el derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española.
