El alcalde de Benahavís, José Antonio Mena (PP), deberá declarar como investigado el próximo 24 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella en el marco de una investigación judicial sobre la presunta utilización de terrenos municipales por parte del Hotel Marbella Club para desarrollar un complejo hípico.
La decisión de la magistrada llega después de que la Fiscalía de Área de Marbella apreciara indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, remitiendo las actuaciones al juzgado para la apertura de diligencias.
La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por el portavoz del PSOE en Benahavís, Luis Feito, quien sostiene que el establecimiento hotelero habría ocupado durante años parcelas de titularidad municipal situadas en la zona de Caserías del Esperonal. Según la denuncia, esos terrenos albergan cuadras, boxes, pistas ecuestres y otras instalaciones vinculadas a la actividad del complejo sin que exista una concesión administrativa, autorización expresa o compensación económica a favor del Ayuntamiento.
El escrito también cuestiona la situación urbanística de dichas instalaciones, al considerar que podrían carecer de las licencias necesarias para su funcionamiento.
Además del alcalde, el juzgado ha citado como testigos al propio denunciante, al secretario, al interventor, al tesorero municipal, al jefe del Área de Urbanismo y al responsable jurídico de ese departamento, así como al presidente y a un consejero del Marbella Club Hotel S.A., con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodean el uso de los terrenos.
Nuevo frente judicial
La apertura de estas diligencias coincide con un periodo de especial controversia política en el municipio. En los últimos días, la oposición ha cuestionado el procedimiento de adjudicación de 30 viviendas de protección pública al comprobar que entre los solicitantes con mayor puntuación figuran dos hijas del alcalde, familiares de varios concejales del Partido Popular y personas vinculadas a antiguos responsables municipales.
El Ayuntamiento ha defendido la legalidad del proceso y sostiene que las puntuaciones responden exclusivamente a los criterios establecidos en la normativa municipal, basados en aspectos como el tiempo de empadronamiento, el nivel de ingresos y otras circunstancias sociales.
Antecedentes por falta de transparencia
La nueva investigación se suma a otros procedimientos judiciales que han afectado al Consistorio durante los últimos años. Entre ellos destacan varias sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa que obligaron al Ayuntamiento a facilitar información solicitada por la oposición.
Una de las resoluciones más recientes, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Málaga, condenó al Consistorio por denegar el acceso a documentación relacionada con la licencia de obras del Gran Hotel Benahavís. Según el PSOE, con esa resolución ya eran seis las sentencias que reconocían vulneraciones del derecho de los concejales de la oposición a acceder a información municipal.
Con la citación judicial del alcalde, la instrucción entra ahora en una nueva fase destinada a determinar si existieron responsabilidades penales en relación con la gestión de los terrenos municipales objeto de la investigación.
