La Justicia ha dado un nuevo paso en la causa contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), al confirmar que deberá afrontar juicio por la contratación de una asesora municipal que, según la investigación judicial, habría cobrado dinero público sin desempeñar trabajo alguno en el Ayuntamiento.
La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado el recurso presentado por la defensa del regidor esteponero, que pretendía el archivo de la causa alegando una supuesta persecución política y mediática. Con esta decisión, el procedimiento judicial seguirá adelante y será enjuiciado por la vía ordinaria penal ante un tribunal profesional, descartando así la fórmula del jurado popular.
La investigación se centra en la contratación de Cristina Pulido como personal eventual del Ayuntamiento de Estepona. Tanto el juez instructor como la Fiscalía consideran que existen indicios de que el puesto habría sido una contratación ficticia destinada únicamente a garantizarle una retribución pública sin que acudiera a trabajar ni desarrollara funciones reales.
El Ministerio Público mantiene su petición de cinco años y medio de prisión para García Urbano, además de una década de inhabilitación para cargo público, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para la mujer contratada solicita tres años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación como cooperadora necesaria en la supuesta malversación.
El auto de la Audiencia, fechado el pasado 8 de mayo, obliga ahora a las acusaciones a reformular sus escritos para solicitar formalmente la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del procedimiento dentro del nuevo marco procesal.
En la causa figuran como acusaciones populares tanto el PSOE como Vox. Mientras tanto, el alcalde popular, que gobierna Estepona con mayoría absoluta desde 2011, insiste en que el proceso judicial responde a una campaña para desgastar su imagen y apartarlo de la política municipal.
