El banquillo llama a García Urbano: la justicia abre juicio oral al alcalde de Estepona por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos

El procedimiento judicial deriva de un decreto firmado el 13 de febrero de 2023 mediante el cual se formalizó la contratación de una trabajadora en el Ayuntamiento de Estepona por un periodo de mes y medio, durante el cual percibió 5.276,92 euros en concepto de salarios antes de abandonar su puesto a finales de marzo de aquel año.

La causa, que será enjuiciada por un tribunal profesional de la Audiencia Provincial de Málaga tras descartar su tramitación por jurado popular, investiga si la contratada percibió dichos emolumentos sin llegar a desempeñar actividad alguna para el consistorio.

Ante esta fase procesal, las peticiones de condena varían según las partes implicadas. El Ministerio Fiscal solicita inicialmente para el regidor un año y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Esta cuantía contempla una rebaja respecto a peticiones anteriores debido a que el acusado ingresó en la Tesorería Municipal sendas cantidades correspondientes a los salarios devengados y a los gastos de cotización a la Seguridad Social, aplicando así la atenuante de reparación del perjuicio económico.

Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por el PSOE elevan la solicitud penal hasta los cinco años y medio de prisión y diez años de inhabilitación para el alcalde esteponero. En cuanto a la otra procesada, la fiscalía le atribuye un delito de malversación y prevaricación en concurso medial pidiendo cuatro años y medio de cárcel.