El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha acordado ampliar en tres meses el plazo para resolver la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Estepona por el presunto incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa relacionadas con la publicación de las declaraciones de bienes de los miembros de la Corporación municipal. La ampliación responde exclusivamente a la acumulación de expedientes y a la falta de medios personales del propio organismo, por lo que el procedimiento continúa abierto y pendiente de resolución.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Emma Molina, ha recordado que el PSOE de Estepona lleva años denunciando que el alcalde, José María García Urbano, «no ha hecho pública su declaración de bienes desde que accedió a la Alcaldía hace ya quince años», incumpliendo, a juicio de los socialistas, las obligaciones de transparencia que deben exigirse a cualquier cargo público.
«Quince años después, los vecinos siguen sin saber cuál es el patrimonio de su alcalde, si ha variado durante todo este tiempo o si existen posibles conflictos de interés. La transparencia no puede ser opcional, especialmente para quien lleva tanto tiempo gestionando los recursos públicos de todos los esteponeros», ha afirmado Molina.
La portavoz socialista ha recordado igualmente que García Urbano tampoco hizo pública su declaración de bienes cuando fue diputado en el Congreso, una circunstancia que, a juicio del PSOE, «evidencia una forma de entender la política alejada de la rendición de cuentas que exige la ciudadanía».
Emma Molina también ha señalado que es conocido que el alcalde ha mantenido actividad empresarial y que recientemente trascendió la vinculación de una de sus sociedades con una promoción de apartamentos turísticos en Málaga. «Precisamente por eso resulta todavía más necesario que exista la máxima transparencia y que los ciudadanos puedan conocer el patrimonio y los intereses económicos de quien ocupa la Alcaldía«, ha señalado.
Asimismo, el PSOE ha vuelto a poner el foco en la estrecha relación pública y conocida entre José María García Urbano y el empresario Bonifacio Solís, cuyas empresas han resultado adjudicatarias de numerosos proyectos urbanísticos y de construcción en Estepona durante los últimos años. «Esta situación hace aún más imprescindible despejar cualquier duda mediante el cumplimiento estricto de las obligaciones de transparencia. No estamos realizando acusaciones, sino reclamando que se publique la información que la ley exige para garantizar la confianza de la ciudadanía», ha subrayado Molina.
Para la portavoz socialista, «la transparencia no consiste en hacer propaganda institucional, sino en cumplir la ley. Si no hay nada que ocultar, no existe ninguna razón para seguir negando a los vecinos una información que debe ser pública».
El PSOE de Estepona confía en que el Consejo de Transparencia resuelva cuanto antes este expediente y obligue al Ayuntamiento a cumplir con unas obligaciones legales que cualquier administración pública debe respetar, reforzando así la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
