La acusación particular ha solicitado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y Cristina Pulido Bonillo por su presunta implicación en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En su escrito reclama para el regidor una pena de cinco años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación, mientras que para la segunda acusada pide dos años de cárcel y seis de inhabilitación.
Según el escrito de acusación, el nombramiento de Pulido Bonillo como personal eventual del Ayuntamiento, entre febrero y marzo de 2023, habría servido para percibir retribuciones públicas sin que existiera una prestación efectiva de servicios. La acusación sostiene que durante la instrucción no se ha acreditado actividad laboral, despacho, puesto de trabajo ni documentación que justifique el desempeño de las funciones asignadas.
La acusación considera que los hechos habrían ocasionado un perjuicio económico al Ayuntamiento de Estepona y solicita además que ambos acusados respondan civilmente por las cantidades abonadas con cargo a fondos públicos, descontando el reintegro efectuado posteriormente por el alcalde.
