La Fiscalía solicita un año y once meses de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación y prevaricación

El Ministerio Público exige además casi seis años de inhabilitación al regidor por adjudicar fondos municipales a una allegada sin actividad laboral

El horizonte judicial del alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha registrado un giro procesal trascendental en la causa donde se investiga el presunto uso irregular de dinero público en el Ayuntamiento. La Fiscalía de Málaga ha presentado su nuevo escrito de conclusiones provisionales dentro de la causa tramitada por el procedimiento abreviado, solicitando para el regidor popular una pena de un año y once meses de prisión y cinco años y 11 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.

El caso tiene su origen en el decreto de Alcaldía firmado el 13 de febrero de 2023 por el que se nombró como personal eventual del Área de Control Externo del Consistorio a una mujer con la que el regidor mantenía una relación sentimental. Según sostiene el escrito del Ministerio Público, la contratación se formalizó en plena connivencia entre ambos «a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna». Durante los 46 días en los que permaneció adscrita al Ayuntamiento —hasta su cese efectivo el 31 de marzo de ese mismo año—, percibió un total de 5.276,92 euros netos procedentes de las arcas municipales sin que conste la realización de ningún trabajo, informe, encargo corporativo ni la asignación de medios técnicos o informáticos.

La significativa aminoración de la condena solicitada por la fiscal —que en su primer escrito ante el Tribunal del Jurado pedía cinco años y medio de cárcel— responde a la aplicación de la atenuante de reparación del daño. El escrito fiscal refleja que García Urbano procedió a ingresar en la Tesorería municipal los 5.276,92 euros cobrados indebidamente por la acusada y, posteriormente, abonó otros 2.589,97 euros para cubrir los costes de las cotizaciones a la Seguridad Social, saldando los 7.862,89 euros de perjuicio económico ocasionado al erario público. Para la persona contratada, la Fiscalía solicita cuatro años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación como cooperadora necesaria.

Frente a la atenuación aplicada por la Fiscalía, la acusación popular que ejerce el PSOE a través de su portavoz municipal, Enma Molina, mantiene una postura inflexible ante la gravedad de las conductas investigadas. La representación socialista solicita la apertura de juicio oral reclamando cinco años y medio de prisión y 10 años de inhabilitación para el regidor del PP. El PSOE incide en que el reintegro posterior de los fondos no borra el uso arbitrario de la administración local para fines personales e insiste en la necesidad de citar a declarar a la plantilla técnica del departamento para certificar que la persona favorecida jamás acudió a trabajar.