Tender la ropa se ha convertido en el último campo de batalla política en Torremolinos. La nueva ordenanza municipal impulsada por el Partido Popular, que prohíbe colgar prendas en balcones y terrazas visibles desde la calle, ha desatado una dura respuesta de Por Andalucía, que denuncia un ataque directo a las familias trabajadoras y a la identidad cotidiana de Andalucía.
Multas de hasta 750 euros
La polémica normativa, que contempla sanciones económicas de hasta 750 euros, ha sido calificada como “absolutamente clasista” por la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas. La dirigente ha acusado al equipo de gobierno de pretender borrar una imagen “real” de la ciudad en favor de un modelo estético pensado para el turismo.
“Prohibir tender la ropa en los balcones es negar la vida cotidiana de miles de familias”, ha afirmado Morillas, quien ha ido más allá al señalar que la medida desprende “un tufo de andaluzofobia”, al atacar una práctica profundamente arraigada en los pueblos y ciudades del sur.
En la misma línea se ha pronunciado la candidata de Por Andalucía por Málaga, Victoria Morales, que ha denunciado que la ordenanza golpea directamente a quienes menos alternativas tienen. “Las familias trabajadoras no siempre disponen de patios interiores o secadoras. Se les está diciendo, en la práctica, que no pueden vivir como viven”, ha criticado.
Morales ha advertido además de que la norma responde a una estrategia de “maquillaje urbano” que pretende proyectar una imagen artificial de la Costa del Sol, ocultando la realidad social de quienes sostienen la economía local.
Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Torremolinos, David Tejeiro, ha acusado al Partido Popular de tratar de suavizar el alcance real de la ordenanza. “No es un consejo ni una recomendación, es una prohibición en toda regla”, ha afirmado, en respuesta a las declaraciones del portavoz popular.
Tejeiro ha confirmado que su grupo ha presentado alegaciones para intentar frenar la medida y ha advertido de que seguirán combatiendo una normativa que consideran “injusta y alejada de la realidad”.
