Nieves Rosales: “El Ayuntamiento debe defender el interés general y no plegarse a los intereses de los grandes propietarios en una zona que ha sido desde hace décadas objeto de la especulación urbanística”
Maribel Tocón: “Exigimos rigor, transparencia y garantías para todos los propietarios afectados”
El Grupo Municipal Socialista de Torremolinos ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que modifica el proyecto de delimitación y el proyecto de reparcelación del sector SUP-R.1.10 del PGOU, en el entorno de El Ranchito y el campo de golf. La portavoz socialista, Nieves Rosales, y la concejala Maribel Tocón han explicado que su actuación responde a la labor de fiscalización que corresponde a la oposición y a la necesidad de garantizar que el Ayuntamiento actúe defendiendo el interés general y los derechos de todos los propietarios.
Rosales ha señalado que el expediente afecta a una zona especialmente sensible y ha reclamado al equipo de gobierno de Margarita del Cid que garantice un procedimiento “transparente, riguroso y equilibrado”. “El Ayuntamiento no puede limitarse a ratificar las decisiones que vienen de la Junta de Compensación. Tiene que velar por el interés general y garantizar que los propietarios minoritarios tengan exactamente las mismas garantías y derechos que los grandes propietarios”, ha afirmado.
La portavoz socialista ha destacado, además, que la defensa de los propietarios minoritarios no es una posición adoptada ahora por el PSOE por razones de oportunidad. “Los socialistas llevamos años defendiendo una solución justa para los propietarios que ya estaban en este ámbito antes de su desarrollo urbanístico en una zona que ha sido desde hace décadas objeto de la especulación urbanística. Lo hicimos en 2017, cuando planteamos revisar el reparto de aprovechamientos, cargas e indemnizaciones; en 2018, cuando iniciamos el procedimiento de revisión de oficio, y en 2019, cuando seguimos defendiendo públicamente la necesidad de garantizar justicia social para los propietarios minoritarios”, ha recordado.
De igual forma, ha reclamado que el Gobierno municipal incorpore al expediente los informes urbanísticos y técnicos necesarios, motive adecuadamente sus decisiones y resuelva las cuestiones pendientes antes de continuar con la tramitación. “El PSOE va a seguir fiscalizando este procedimiento porque esa es nuestra responsabilidad como oposición: defender el interés general, exigir transparencia y garantizar que ninguna familia quede en una posición de inferioridad frente a los grandes propietarios”, ha concluido Rosales.
Por su parte, Maribel Tocón ha explicado que el recurso presentado tras acceder al expediente municipal pone el foco en varias cuestiones que, a juicio del PSOE, deben aclararse antes de dar por válida la modificación. Entre ellas, la relación temporal entre la nueva reparcelación y la modificación puntual del PGOU que afecta al uso del equipamiento deportivo del sector, así como la falta de una valoración municipal suficientemente motivada de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública.
Tocón ha advertido además de que el expediente cuenta con alrededor de 1.400 archivos y que el propio informe de la Secretaría General alerta sobre su carácter “caótico”, lo que, según la concejala, dificulta el análisis y el ejercicio de los derechos de la oposición. “Nuestra obligación es revisar el expediente, comprobar que las decisiones están suficientemente justificadas y exigir todos los informes necesarios. No vamos a mirar hacia otro lado cuando están en juego los derechos de propietarios minoritarios”, ha señalado.
Por último, ha considerado relevante que la Administración municipal motive de forma individualizada las decisiones sobre las alegaciones y no se limite a asumir genéricamente las propuestas de la Junta de Compensación, al tratarse de un órgano que representa los intereses de los propietarios del sector. “El Ayuntamiento tiene que ejercer su responsabilidad y garantizar el equilibrio entre propietarios mayoritarios y minoritarios. Todos tienen derechos legítimos y la Administración debe protegerlos por igual”, ha defendido la edil socialista.
