La inseguridad se ve ya con «normalidad». La ciudad, que una vez presumió de tranquilidad costera, sufre una escalada de robos a restaurantes y una oleada de hurtos a vehículos que mantiene a los vecinos inquietos, además de crispados. La seguridad, una baza que manejó con habilidad el regidor popular García Urbano, se le desmorona día a día. Y mientras la delincuencia gana terreno, el Ayuntamiento actúa con una pasmosa indiferencia al ofertar menos plazas de Policía Local de las que había presupuestado para 2025.
Aunque se habían reservado 20 plazas en el presupuesto municipal, la reciente rectificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia ha reducido la cifra a 17. Pero la realidad es aún más grave: solo 9 están en proceso de convocatoria. El resto, duerme en los cajones de la burocracia. Una vez más, el equipo de gobierno de José María García Urbano llega tarde —y mal— a una emergencia ciudadana que clama respuestas urgentes.
Tras casi tres lustros de gobierno del Partido Popular, Estepona sufre las consecuencias de una política de abandono estructural en materia de seguridad. Mientras la población ha crecido sin pausa, la plantilla de la Policía Local ha menguado hasta niveles críticos. Hoy hay apenas 120 agentes en activo, y con las jubilaciones previstas este año, podrían quedar solo 108. Muy lejos de los 168 que velaban por la ciudad en 2011.
Los efectos de esta dejadez son palpables. Recientemente se han producido dos robos más en restaurantes, con cristales reventados y propietarios desesperados. No se trata de casos aislados, pues desde hace meses, los vecinos de numerosos barrios denuncian una oleada de delitos sin precedentes. Y la respuesta institucional brilla por su ausencia. Falta de efectivos, descoordinación, inacción. Una gestión que parece más centrada en las apariencias que en la protección real de la ciudadanía.
El desinterés resulta aún más hiriente al descubrir que el Ayuntamiento dispone de recursos económicos más que suficientes. El capítulo 1 del presupuesto —dedicado al personal— acumula un excedente anual superior a los 2 millones de euros. Dinero que no se invierte ni en seguridad ni en reforzar otros departamentos vitales, como los servicios administrativos o técnicos.
Red clientelar al servicio del Partido Popular
En 2011, recién investido alcalde, García Urbano impulsó un ERE que desmanteló buena parte de la plantilla municipal. Lo hizo prometiendo procesos de selección justos y transparentes. Pero lo que vino después, según denuncian los socialistas locales, fue un sistema opaco, alimentado por empresas externas y contrataciones alejadas del escrutinio público. Una estrategia que ha terminado por crear una red clientelar al servicio del poder, no del pueblo.
Esta red ha degradado la administración local, ahogando su capacidad de respuesta y cerrando las puertas del empleo público a una generación entera de jóvenes esteponeros. Hoy, muchos de ellos ven cómo sus posibilidades de acceder a un trabajo digno y estable se esfuman, sacrificadas en el altar de intereses partidistas.
En definitiva, lo que ocurre en Estepona no es fruto del azar. Es la consecuencia directa de años de abandono deliberado, de recortes fríos y decisiones calculadas para consolidar el control político a cualquier precio. Pero ese precio lo están pagando los vecinos, con su seguridad, con su bienestar, con su futuro. Estepona necesita recuperar la seguridad perdida.
