Como informó CostadelSol-News, la decisión del Ayuntamiento de Fuengirola, gobernado por el Partido Popular, de contratar detectives privados para vigilar y verificar las bajas laborales de empleados municipales ha abierto un nuevo frente político en el municipio. El PSOE local, a través de su portavoz, Carmen Segura, ha denunciado la medida por considerarla “un ataque frontal a la confianza y la dignidad de la plantilla municipal”. La portavoz municipal socialista dice «no a la vigilancia indiscriminada».
Segura sostiene que el contrato —cuyo importe no ha sido aún detallado por el equipo de gobierno— supone “un gasto injustificado de dinero público” que, en su opinión, “pone bajo sospecha a todos los trabajadores municipales sin que exista motivo previo para ello”. “Es una política de desconfianza y control que erosiona la relación entre la administración y sus empleados”, afirmó.
La edil socialista recordó que el control y seguimiento de las bajas médicas ya está regulado por la Seguridad Social y por los servicios de prevención laboral de la propia administración. “Esos organismos cuentan con capacidad y protocolos para verificar las situaciones de incapacidad temporal. Encargar esa tarea a detectives privados no tiene justificación legal ni moral”, subrayó.
Priorizar el gasto
Para el PSOE, esta decisión no solo no aportará mejoras en el funcionamiento del Ayuntamiento, sino que “deriva fondos municipales hacia fines ajenos a la prestación de servicios públicos”. Segura lamentó que el equipo de gobierno “no priorice la inversión en refuerzos de personal, modernización de procesos o mejora de las condiciones laborales, sino que gaste recursos en generar un clima de vigilancia y sospecha .No se trata de desconfiar de nuestra plantilla, sino de dotar al Ayuntamiento de medios propios para gestionar de forma eficiente y respetuosa cualquier incidencia», se reafirma la portavoz socialista.
El anuncio de la contratación ha causado preocupación entre los representantes sindicales, destacando el CSIF que ha pedido explicaciones sobre los criterios que se seguirán para encargar una investigación y sobre las garantías de protección de datos personales de los empleados. No obstante, hasta el momento el Ayuntamiento no ha facilitado información detallada sobre el alcance, los objetivos concretos o las condiciones del contrato con la empresa de detectives.
El uso de detectives privados para vigilar bajas médicas plantea debates sobre el derecho a la intimidad, la presunción de buena fe y el papel de los organismos públicos en el control de la incapacidad temporal. Una decisión, la adoptada por el ayuntamiento del PP de Fuengirola, que el PSOE ya ha adelantado que llevará a pleno para exigir su revocación.
