La inminente subasta de más de 125.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en el sector de Salada Vieja, promovida por la Fundación Antonia Guerrero, ha desatado una fuerte controversia política y social en Estepona. El PSOE ha anunciado el inicio de acciones legales para frenar lo que considera un uso fraudulento del legado fundacional y un “expolio del patrimonio colectivo”.
Un legado con nombre propio
Los terrenos, divididos en siete parcelas y con un precio de salida de 66 millones de euros, fueron donados en 1973 por la familia Nadal para fines sociales. Parte de esa donación originó la creación de la Fundación Antonia Guerrero, entidad que desde entonces tiene como objetivo financiar becas educativas —especialmente para mujeres sin recursos— y fomentar la cultura en el municipio.
Hoy, medio siglo después, la subasta plantea serias dudas sobre el destino final de esos suelos y la fidelidad de sus gestores a la voluntad fundacional.
El alcalde, en el centro de las críticas
El Patronato de la fundación está presidido por el actual alcalde, José María García Urbano (PP), lo que ha intensificado las críticas de la oposición. Desde el PSOE denuncian que bajo su mandato se han promovido varias operaciones urbanísticas con suelo para beneficio público, sin que haya retornos visibles para la ciudad.
“Estepona está perdiendo patrimonio que debería haberse destinado a mejorar la vida de su gente. No hay ni becas suficientes ni transparencia”, declaró la portavoz socialista, Emma Molina, quien ha calificado la subasta de Salada Vieja como “otro pelotazo encubierto”.
Un suelo con alto valor inmobiliario
El sector afectado, también conocido como Las Mesas, tiene capacidad para más de 1.100 viviendas. La subasta se organiza en un único lote y con una garantía del 10% para los licitadores. Desde la fundación se defiende que la venta es una forma legítima de convertir patrimonio en liquidez para acelerar proyectos sociales, siempre bajo la supervisión del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, la oposición insiste en que el procedimiento prioriza intereses privados y deja al margen a los vecinos de Estepona.
Silencio sobre el resto del legado Nadal
La polémica se agrava al conocerse que la Fundación José Nadal —otra beneficiaria de la misma donación original— ni siquiera figura ya en el registro de fundaciones andaluzas y su patrimonio ha desaparecido sin dejar rastro. “Salada Vieja podría ser la última pieza en juego antes de que se complete el desmantelamiento de un legado pensado para el bien común”, advierte el PSOE.
Lo que está en juego
Más allá de la legalidad formal del proceso, la controversia gira en torno al uso final de los fondos, la falta de transparencia y el riesgo de perder de forma definitiva un patrimonio que pertenecía —al menos en origen— al conjunto del pueblo de Estepona.
El 17 de octubre se abrirán las ofertas. Hasta entonces, el pulso político y ciudadano sigue abierto.
