Después de años esquivando el tema, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha decidido corregirse a sí mismo —lo cual, también tiene su mérito— y cambiará la ordenanza que regula el acceso a las viviendas de protección oficial (VPO). La principal novedad es que para optar a una de estas viviendas será necesario llevar al menos tres años empadronado en Estepona. Esta era precisamente una de las demandas que desde el PSOE y la calle se venían reclamando desde hace tiempo y que, hasta ahora, había sido ignorada por el equipo de gobierno.
Giro de guion: de la negativa a la consulta pública
El cambio de rumbo no ha llegado solo. La presión ejercida por el PSOE y varios colectivos sociales ha obligado al Ayuntamiento a pasar del “esto no se toca” al “pongámoslo en consulta pública, a ver qué pasa”. El argumento es sencillo: si se pagan impuestos en Estepona, se vive en la ciudad y se está empadronado ahí, tiene lógica que se tenga prioridad para acceder a una vivienda pública.
Requisitos: tres años de residencia y antigüedad en la solicitud
Según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, la modificación normativa —actualmente en fase de consulta pública— establece como criterio de selección el empadronamiento en el municipio. Tendrán preferencia quienes acrediten una residencia administrativa igual o superior a tres años en el momento de la solicitud. Además, se valorará la antigüedad en la inscripción, priorizando a quienes lleven más tiempo apuntados.
La rectificación del alcalde no es menor. En 2012, García Urbano eliminó el requisito de empadronamiento como condición prioritaria para acceder a VPO, algo que desde entonces ha sido motivo de crítica por parte del PSOE. Ahora, con el nuevo enfoque, el equipo de gobierno asume las propuestas que los socialistas venían defendiendo desde hace años.
El PSOE celebra el cambio: “¡Y lo hemos conseguido!”
La portavoz del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha celebrado el giro del Ayuntamiento y ha subrayado que la “persistente oposición” de su grupo finalmente ha dado fruto. “¡Y lo hemos conseguido!”, exclamó Molina, al confirmar que la ordenanza se modificará para recuperar la prioridad de los vecinos empadronados en la ciudad.