Todo comenzó en octubre de 2023, cuando el Ayuntamiento adquirió, a través de la empresa municipal Provise, 17 máquinas de tratamiento de agua para colegios por 35.000 euros. Sin embargo, tres meses después, la legionela apareció en el colegio Mariana Pineda. La opacidad en la compra y la conexión entre empresas adjudicatarias -presuntamente vinculadas y con lazos familiares en el Gobierno local- levantaron sospechas.
La adquisición de los dispositivos se efectuó mediante dos contratos menores, cada uno con una factura emitida el mismo día por un importe exacto de 17.702,30 euros, impuestos incluidos. Según indica el escrito de la Fiscalía, las empresas contratadas están relacionadas entre sí y vinculadas al esposo de una concejala del Gobierno local de Benalmádena.
El alcalde afrontará el próximo 31 de marzo un decisivo cara a cara con la justicia. Deberá comparecer para declarar sobre presuntos delitos contra la Administración pública, derivados de la controvertida adquisición de maquinaria por valor de 35.404,60 euros con fondos municipales. En el oscuro trasfondo de esta operación, podrían haberse encadenado delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho.
Por tanto, Lara, junto con la exgerente de Provise y los empresarios implicados, deberá rendir cuentas ante la Justicia. La Fiscalía indaga un posible fraccionamiento de contratos para evitar la licitación pública, algo que podría derivar en algo más serio y grave ser que una simple irregularidad administrativa.
