El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha dictado auto de procesamiento contra el alcalde de la localidad, José María García Urbano, al considerar que existen indicios suficientes para imputarle un delito de malversación de caudales públicos. La causa gira en torno a la contratación, durante un mes y medio, de una mujer con la que el regidor mantenía una “relación íntima de amistad”. Según la investigación judicial, esta persona no desempeñó ninguna labor efectiva en el Ayuntamiento, pese a haber sido contratada como cargo de confianza.
El procesamiento, fechado este martes y al que ha tenido acceso ElDiario.es Andalucía, implica que el caso pasará a fase de juicio, que se celebrará ante un jurado popular. Las partes implicadas —el alcalde, la Fiscalía y las acusaciones populares, ejercidas por PSOE y Vox— deberán comparecer en sede judicial el próximo 4 de junio. El auto puede ser recurrido en un plazo de tres días por la defensa del regidor, que gobierna Estepona desde 2011 y fue reelegido con mayoría absoluta en los últimos comicios.
Indicios de uso privado de fondos públicos
El juez basa el procesamiento en el artículo 432 bis del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años a los funcionarios o autoridades que destinen a fines privados los recursos públicos bajo su responsabilidad, aunque no exista ánimo de lucro personal.
En su informe reciente, la Fiscalía mostró su respaldo a la apertura de juicio, en línea con lo ya expresado por las acusaciones populares. Según el auto, durante el periodo comprendido entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023, el Ayuntamiento abonó más de 5.200 euros netos a la mujer contratada, sin que existan pruebas de que llegara a realizar ninguna función.
Una ayuda económica bajo apariencia de cargo
La investigación, desarrollada a lo largo de cinco meses, concluye que García Urbano utilizó su posición como alcalde para contratar a la mujer con el objetivo de “proporcionarle una ayuda económica”, sin que existiera un desempeño profesional real. De hecho, la mujer reconoció en sede judicial que nunca fue informada de sus funciones, ni acudió a su puesto de trabajo, ni realizó tarea alguna.
Según el testimonio del concejal responsable del área de Control Externo, Blas Ruzafa, la contratada debía comprobar el estado del mobiliario urbano, revisar farolas, maceteros y monitorizar el ambiente ciudadano en redes sociales en plena precampaña electoral. No obstante, no existe ni un solo documento, correo, mensaje o informe que acredite actividad alguna por su parte.
La contratada tampoco tenía acceso a los sistemas del Ayuntamiento, carecía de correo institucional, no tenía registro horario ni experiencia en mantenimiento urbano. Nadie recuerda haberla visto por las dependencias municipales. Ella misma ha reiterado ante el juez que no realizó ningún trabajo.
El origen de la causa fue una denuncia por acoso
El procedimiento por malversación nació a raíz de otra denuncia presentada a finales de octubre por un agente de la Policía Local, entonces pareja de la mujer, quien acusó al alcalde de acoso sexual. Posteriormente, la propia mujer respaldó esta denuncia y declaró como testigo, desvelando su contratación irregular mientras mantenía una relación sentimental con el regidor.
El juzgado abrió entonces una causa por los presuntos abusos, aunque la archivó más tarde al considerar que las relaciones habían sido consentidas. Esta decisión, no obstante, ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Málaga. Mientras tanto, la investigación por malversación siguió su curso, con declaraciones del alcalde, la mujer implicada y otros cargos municipales, además de un análisis documental de contratos, transferencias bancarias e intercambios de mensajes.
El alcalde lo niega todo
García Urbano ha defendido en todo momento su inocencia, alegando que las denuncias obedecen a intereses personales y carecen de fundamento. Sin embargo, el auto de procesamiento lo sitúa formalmente en el banquillo de los acusados.
