El mercado del alquiler continúa tensionándose en Benalmádena. En apenas dos años, el precio de arrendar una vivienda de larga duración ha aumentado un 40%, alejándose cada vez más de la capacidad económica de muchas familias del municipio.
Según los datos difundidos por el PSOE, a cierre de 2023 el precio medio del alquiler se situaba en 12,1 euros por metro cuadrado, con una renta media mensual de 968 euros. En 2025, esa cifra ha escalado hasta los 16,6 €/m², lo que eleva el alquiler medio a 1.328 euros al mes.
El portavoz socialista y líder de la oposición, Víctor Navas, denuncia que esta escalada de precios ha tenido consecuencias directas: “Desde 2023 hasta hoy hemos expulsado a 3.500 familias que vivían de alquiler, mientras el Gobierno local ha eliminado todas las ayudas al alquiler de larga duración”.
Falta de oferta y “elitización” del alquiler
En un amplia información publicada por el diario digital OleBenalmádena, se señana que expertos consultados coinciden en señalar que el principal problema del mercado es la escasez de oferta, que provoca un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Esta situación empuja a los propietarios a seleccionar inquilinos con mayores garantías económicas, incluso aunque estén sobrecualificados para el tipo de vivienda ofertada, un fenómeno que los analistas definen como “elitización del alquiler”.
A esta falta de vivienda disponible se suman varios factores estructurales: la escasa construcción de vivienda nueva, el crecimiento demográfico y, especialmente, la proliferación de viviendas turísticas.
El peso creciente del alquiler turístico
Datos de Turismo Costa del Sol revelan que en mayo de 2023 Benalmádena contaba con 5.640 viviendas turísticas, lo que suponía el 8,7% del parque residencial. En 2025, esa cifra ha aumentado hasta 8.533 viviendas, el 17% del total, duplicando su peso en apenas dos años.
Mientras tanto, el Gobierno local ha optado por suprimir las ayudas al alquiler de larga duración impulsadas en la anterior legislatura. Según critica el PSOE, esta decisión contrasta con la aprobación de 850.000 euros en subvenciones a la planta hotelera, en un contexto de ocupación turística récord.
Informes sin resultados y falta de regulación
Tras eliminar las ayudas, el Ayuntamiento encargó en septiembre un informe externo sobre las viviendas vacías del municipio. A día de hoy, ese estudio no ha sido presentado públicamente ni se ha informado de su coste.
Tampoco se han adoptado medidas para regular el alquiler turístico, a diferencia de otros municipios cercanos y de la propia Málaga. Una regulación que llega tarde, según los expertos, pero que intenta frenar situaciones extremas en zonas donde una de cada tres viviendas se destina ya a uso turístico.
“Si no se actúa con urgencia, el desequilibrio entre oferta y demanda será estructural y cada vez más ciudadanos quedarán fuera del acceso a una vivienda digna”, advierten desde el sector inmobiliario.
En cuanto al anuncio de la construcción de unas 200 viviendas públicas en la zona de Rocas Blancas, la oposición critica tanto su ubicación alejada de servicios básicos y del transporte urbano como los requisitos de acceso. Según denuncian, estas viviendas no estarán destinadas ni a jóvenes ni a colectivos vulnerables, como prometió el Gobierno local de Juan Antonio Lara.
“Para acceder a ellas habrá que tener buenos ingresos, declaración de la renta y hasta avalista para que el banco conceda la hipoteca”, concluyen desde el PSOE.
