El Ayuntamiento de Benalmádena ha sido nuevamente sancionado por la Justicia por obstaculizar el derecho de acceso a la información pública. La última resolución impone una multa que podría superar los 1.500 euros, debido al «excesivo e injustificado retraso» en la entrega de un expediente solicitado en 2023 por el grupo municipal socialista.
Con esta, ya son cinco las condenas por motivos similares, fruto de peticiones ignoradas o atendidas con demoras de meses e incluso años. El PSOE, promotor de las denuncias, lamenta a traves del ex alcalde y portavoz actual, Víctor Navas, que estas multas se paguen con fondos públicos, haciendo recaer el coste sobre los vecinos.
El expediente en cuestión se refería a una deuda con la Seguridad Social vinculada a la anterior concesionaria del Club de Hielo, el Grupo Vera. El PSOE lo solicitó tras un comunicado oficial en el que el alcalde Juan Antonio Lara (PP) culpaba a la anterior gestión (PSOE-IU) de haber puesto en riesgo una subvención millonaria. Los socialistas aseguran que los documentos prueban lo contrario y acusan al actual regidor de manipular la información.
Tras agotar la vía administrativa, el caso llegó a juicio, aunque el Ayuntamiento entregó la documentación en el último momento para evitarlo. El juzgado no pasó por alto el retraso injustificado, al tratarse de un expediente «sin mayor complejidad», y obligó al Consistorio a pagar costas.
Pero la situación judicial del alcalde no termina aquí, pues se contabilizan unas 20 denuncias similares pendientes, además de otras causas de mayor calado. Entre ellas, el conocido Caso Legionella, en el que Lara figura como investigado por supuestos delitos de prevaricación, fraude y cohecho en la compra de maquinaria pública. También está bajo investigación la tramitación de los presupuestos municipales de 2024 y un contrato en el Puerto Deportivo vinculado a una abogada con pleitos abiertos contra la propia entidad.
