El Ayuntamiento de Benalmádena bate récords de condenas por ocultar información, De nuevo, el Gobierno municipal vuelve a hacer pagar su falta de transparencia a los ciudadanos
Después de dos años, el Grupo Socialista ha logrado que se le dé un documento público solicitado, el mínimo derecho de la oposición, y una importante obligación de un Ejecutivo local. El documento público en cuestión era sobre detalles concretos del Plan de Embellecimiento de Benalmádena con jardineras verticales. Al haberlo demorado el Gobierno local, como es su estrategia habitual, se ha convertido en otro golpe al bolsillo de los benalmadenses. Por cuarta vez, el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular ha sido condenado a pagar 1.815 euros en costas judiciales por negarse a entregar información sin justificación.
La estrategia de la administración del alcalde, Juan Antonio Lara, es ignorar las peticiones de la oposición, forzar un litigio y, cuando los tribunales fallan en su contra, la factura recae en los ciudadanos. El juez ha sido contundente argumentando que la información requerida no presentaba «mayor complejidad», pero el consistorio optó por el silencio y la obstrucción.
Lamentablemente se trata de un caso más pues Lara «colecciona» litigios. Restan aún de dictaminar casi veinte denuncias ante la negativa del Ayuntamiento a proporcionar datos sobre asuntos de interés público como el uso de agua reciclada en la limpieza, informes sobre accesibilidad, regulación de vendedores ambulantes, tala de árboles, gastos en cultura, horas extra del personal municipal, ingresos por plusvalías o contratos de asesores. La lista es larga, y el coste para el municipio, creciente.
El alcalde y su «querencia» por los tribunales
Pero la falta de transparencia no es la única sombra sobre el Gobierno local, ya que la agenda judicial del alcalde es «completita» y se complica, pues algunas de las demandas pendientes no son menores. Entre ellas, una por posibles irregularidades en los presupuestos de 2024, que podrían vulnerar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. También está en el punto de mira el Puerto Deportivo, tras la polémica contratación de una letrada con supuestos intereses cruzados. Sumemos el conocido como “Caso Legionella” que investiga un presunto entramado de adjudicaciones irregulares a una empresa municipal con contratos troceados que habrían beneficiado presuntamente a firmas vinculadas al marido de una concejala del Partido Popular, y la tormenta judicial es no perfecta, sino integral y transversal. Un asunto, este último que además ha derivado en una denuncia por amenazas y calumnias.
Por si fuera poco, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha asestado otro revés al Ayuntamiento: dos exgerentes municipales, despedidos sin justificación, deberán ser readmitidos y recibir todos los salarios y derechos laborales que les fueron arrebatados.
Cuatro condenas, decenas de litigios abiertos y una política de oscurantismo y la polémica. Y al final, los ciudadanos siguen pagando el precio de la opacidad del Ayuntamiento en Benalmádena.
