El Ayuntamiento de Estepona cerró el ejercicio de 2025 con un incumplimiento de la regla de gasto superior a los 24,6 millones de euros, según detalla el último informe oficial de la Intervención municipal. Los datos del cuarto trimestre confirman que el gasto computable alcanzó los 113,7 millones de euros, una cifra que sobrepasa significativamente el límite máximo de 89,1 millones permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria.
Este exceso supone un incremento del gasto del 31,73%, multiplicando casi por diez el 3,2% autorizado por ley para dicho periodo. Como consecuencia legal directa, la administración municipal se verá obligada a elaborar un Plan Económico-Financiero que incluya medidas correctoras y quede sujeto a la supervisión estatal para reconducir las cuentas públicas.
El análisis de las partidas presupuestarias revela que el aumento más acusado se produjo en las inversiones, que escalaron de los 17 millones a los 62 millones de euros. Asimismo, el coste de los servicios prestados por empresas externalizadas experimentó un repunte, pasando de 50 a casi 60 millones de euros.
Desde la oposición, el PSOE de Estepona ha denunciado que este aumento del gasto no se ha traducido en una mejora proporcional de las infraestructuras ni de la atención al ciudadano. La portavoz socialista, Emma Molina, ha criticado la gestión del equipo de gobierno encabezado por José María García Urbano, señalando que, a pesar de las cifras, la ciudad presenta deficiencias visibles en limpieza, mantenimiento de parques y estado del pavimento.
Asimismo, la formación socialista ha lamentado que estos recursos, empleados fuera del límite legal, no se hayan priorizado para solventar la carestía de vivienda asequible en el municipio. Según Molina, la actual estrategia urbanística ha dejado de lado a las familias trabajadoras y a los jóvenes para centrarse en promociones de lujo, calificando la situación financiera actual como un «incumplimiento claro de la ley» derivado de una gestión que prioriza la propaganda sobre la estabilidad presupuestaria obligatoria.
