La compra municipal destinada a proteger los colegios de Benalmádena frente a la legionela ha acabado en los tribunales. Lo que comenzó como una iniciativa sanitaria terminó convirtiéndose en un quebradero de cabeza judicial para el gobierno local del Partido Popular.
En octubre de 2023, el Ayuntamiento —presidido por el popular Juan Antonio Lara, también presidente de la empresa pública Provise— adquirió una “supermáquina” para prevenir la aparición de la bacteria. Tres meses más tarde, un brote de legionela se detectó en uno de los centros escolares del municipio.
La operación, valorada en 35.404,60 euros, se fraccionó en dos facturas idénticas de 17.702,30 euros, emitidas el mismo día y a empresas distintas. De esta forma, según el PSOE, se habría evitado un proceso de licitación pública que garantizara la competencia entre proveedores. Los socialistas, al dudar de la legalidad del procedimiento y de la pertinencia del gasto, llevaron el caso a la Fiscalía.
El Ministerio Público dio traslado al Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos, que abrió diligencias por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y fraude. Entre los investigados figuran el alcalde, la exgerente de Provise y tres empresarios vinculados a la operación.
Citada una senadora del PP
La jueza instructora ha citado a declarar como testigo a Lucía Yeves, actual senadora del Partido Popular por Málaga, en el marco de este conocido ya como ‘caso legionela’. Yeves fue la número dos en la candidatura de Lara a las elecciones municipales de 2023 y formó parte del gobierno local como concejala de Educación antes de dar el salto a la Cámara Alta tras los comicios generales de julio de ese mismo año.
Antes de marcharse, Yeves ocupaba el cargo de consejera delegada de Provise Benamiel, la empresa pública que efectuó las compras. El 7 de septiembre de 2023, firmó la aprobación del gasto para la adquisición de nueve equipos “Genesis” de tratamiento ecológico de la cal, por un importe de 14.670 euros más IVA. La cifra quedaba apenas 370 euros por debajo del límite legal que habría obligado a licitar el contrato, beneficiando a la empresa Siglhohar XXI.
Ese mismo día, según el PSOE, se aprobó un segundo contrato para el resto de las máquinas, cerrando así la operación total.
Próximas declaraciones
La aprobación de estos gastos se sustentó en los informes emitidos por María José Lara, entonces gerente de Provise Benamiel, también investigada. Junto a ella, la jueza ha citado a dos empresarios, uno de ellos marido de la concejala de Festejos, Yolanda Peña.
El 11 de febrero deberán comparecer ante el juzgado el alcalde Juan Antonio Lara, la exgerente y los dos empresarios implicados. En el caso del regidor, será su cuarta citación judicial, después de que las tres anteriores fueran suspendidas: una por una baja médica, otra por un error en la notificación y una tercera por cambio de abogado.
