El desalojo previsto para 62 familias residentes en una promoción de la calle Sarmiento, en Manilva, no se ejecutará por el momento. El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Estepona ha decidido posponer el lanzamiento, inicialmente fijado para esta semana, ante la imposibilidad de contar con efectivos suficientes de la Guardia Civil, actualmente desplegados en áreas castigadas por los últimos temporales. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La orden de ejecución fue dictada el pasado mes de septiembre, dentro del procedimiento promovido por la actual propietaria del inmueble, que adquirió la promoción en subasta en 2023. El lanzamiento estaba programado para los días 10, 11 y 12 de febrero, aunque finalmente se ha fijado una nueva fecha: el próximo 24 de marzo.
El aplazamiento se produce a petición de la Guardia Civil, que comunicó al juzgado la falta de disponibilidad operativa para garantizar el dispositivo necesario en la actuación. Esta circunstancia ha concedido un margen inesperado a las familias afectadas.
Para los vecinos, la decisión judicial supone una tregua en medio de la incertidumbre. La noticia ha rebajado la tensión acumulada en las últimas semanas., no obstante, la problemática de fondo persiste, especialmente en un mercado de alquiler tensionado, donde los precios —según denuncia— oscilan entre los 1.000 y 1.200 euros mensuales, con incrementos adicionales durante la temporada estival.
Algunos inquilinos, ante la inmediatez del desalojo inicialmente previsto, optaron por marcharse de forma anticipada. Según relatan los propios afectados, cuatro o cinco familias abandonaron sus viviendas el día previo a la fecha señalada. Sin embargo, entre 35 y 40 unidades familiares continúan sin alternativa habitacional. “No tenemos a dónde ir; resistiremos hasta el final”, insisten.
El aplazamiento no obedece a una solución estructural impulsada por las administraciones, sino a una circunstancia coyuntural. Critican la falta dne avances por parte del Ayuntamiento y lamentan que quienes llevan más de una década abonando el alquiler no hayan visto reconocida ninguna prioridad en el proceso.
Durante años se les trasladó a los afectados la expectativa de poder adquirir las viviendas con preferencia, una promesa incumplida. Se requiere ahora una intervención institucional que articule soluciones reales y, en su caso, que el Consistorio recurra a otras administraciones si no dispone de capacidad suficiente para afrontar el conflicto.
En paralelo, la reunión convocada el pasado viernes por el Ayuntamiento de Manilva con el objetivo de negociar con la propiedad una moratoria adicional no llegó a celebrarse. Según fuentes municipales, la empresa titular de los inmuebles no compareció a la cita, lo que frustra por el momento cualquier vía de acuerdo extrajudicial.
La cuenta atrás queda, por tanto, aplazada hasta el 24 de marzo, mientras las familias intentan ganar tiempo en un escenario marcado por la falta de alternativas inmediatas.
