“Es un procedimiento viciado de origen, con graves carencias técnicas y legales que el gobierno municipal ha decidido ignorar conscientemente, asumiendo un riesgo jurídico innecesario que puede acabar costando muy caro a Benalmádena”, ha denunciado el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas
“El gobierno de Lara impone su mayoría absoluta para evitar un debate sereno, transparente y riguroso sobre el futuro del agua, un bien público esencial que afecta a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena”, ha criticado la portavoz socialista, Sandra Ochoa
El PSOE de Benalmádena denuncia que el gobierno municipal de Benalmádena, presidido por el alcalde Lara, ha decidido cerrar en falso el debate sobre el futuro del agua en el municipio, utilizando su mayoría absoluta para rechazar los recursos de reposición presentados por todas las fuerzas de la oposición.
“Aunque la oposición no suma más concejales que el Partido Popular, sí representa a una mayoría social más amplia en número de votos que el propio gobierno municipal”, ha declarado el viceportavoz socialista y secretario general del PSOE de Benalmádena, Victor Navas. “Pese a ello, el PP ha optado por bloquear el debate público y avanzar en la entrega de la gestión del agua a un socio privado, regalando los beneficios de un recurso estratégico a una multinacional”, añadió.
En este sentido, la portavoz del PSOE, Sandra Ochoa, ha señalado que “el gobierno de Lara ha decidido imponer su mayoría absoluta para evitar un debate sereno, transparente y riguroso sobre el futuro del agua, un bien público esencial que afecta a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena”. Ochoa ha añadido que “no se puede tomar una decisión de esta magnitud sin consenso social y político, y mucho menos ignorando de forma deliberada los recursos presentados por la oposición”.
Con esta decisión, el gobierno del PP hurta a la ciudadanía la posibilidad de debatir y decidir sobre el futuro de uno de los bienes públicos más importantes de Benalmádena. El agua pasará a ser gestionada por una empresa privada cuyo objetivo prioritario es el beneficio empresarial, y no el interés general del municipio, con el beneplácito expreso del gobierno de Lara.
Igualmente, el viceportavoz del PSOE, Víctor Navas, ha advertido de las consecuencias jurídicas y económicas del procedimiento seguido: “No estamos ante un debate ideológico, sino ante un procedimiento viciado de origen, con graves carencias técnicas y legales que el gobierno municipal ha decidido ignorar conscientemente”. Según Navas, “rechazar estos recursos sin responder a su contenido esencial supone asumir un riesgo jurídico innecesario que puede acabar costando muy caro a Benalmádena”.
Además, el equipo de gobierno ha rechazado los recursos sin dar respuesta a ninguna de las cuestiones de fondo planteadas, a pesar de la gravedad de las deficiencias señaladas, que afectan directamente a la legalidad y seguridad jurídica del procedimiento.
“Los recursos presentados no han sido contestados en su contenido fundamental, persistiendo defectos graves que impiden dictaminar el expediente con garantías”, ha advertido Navas.
“Se ha elegido un modelo de gestión sin haber analizado previamente su sostenibilidad financiera real. El propio informe de Intervención reconoce que dicho análisis se pospone a una fase posterior, cuando la ley exige que sea previo a la decisión”, ha detallado Navas acerca de uno de los recursos presentados.
“El Plan de Inversiones, superior a 54 millones de euros y base económica del modelo elegido, no formaba parte del expediente sometido a votación, vulnerando el artículo 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”, ha criticado Navas. “Además, no existe un estudio económico comparativo completo de todas las formas de gestión directa previstas en la ley (organismo autónomo, entidad pública empresarial y sociedad mercantil pública), incumpliendo así el artículo 85.2 de la Ley de Bases del Régimen Local”, ha añadido.
“Los informes clave no identifican al técnico redactor concreto, su titulación ni su responsabilidad profesional, lo que impide el control técnico exigible en un procedimiento de esta naturaleza”, ha denunciado Sandra Ochoa. Ante estas carencias, desde la oposición se solicitó formalmente dejar el asunto sobre la mesa por expediente incompleto, o retrotraer el procedimiento al momento previo a la elección del modelo de gestión. “El PP ha preferido mirar hacia otro lado y seguir adelante cueste lo que cueste”, ha concluido Sandra Ochoa.
“Rechazar los recursos en estas condiciones no es una decisión política, sino la asunción consciente de un riesgo jurídico evidente. El gobierno de Lara vuelve a anteponer su mayoría absoluta a la transparencia, la legalidad y el interés general de Benalmádena”, ha finalizado Navas.
