El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado este jueves, en sesión plenaria ordinaria, el modelo de gestión para los servicios municipales de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales. La propuesta, que recibió el respaldo de los concejales del Partido Popular, salió adelante pese al rechazo de PSOE, IU y VOX. Finalmente, el Consistorio ha optado por un sistema de gestión indirecta a través de concesión administrativa.
Desde el Gobierno municipal se defiende que esta decisión, tal y como ha explicado el edil de Agua, Juan Olea, está basada en los resultados arrojados por el informe técnico, económico y jurídico elaborado por una asesoría “externa e independiente, que ha analizado los pros y los contras de una gestión directa e indirecta de este servicio y ha concluido que a todos los niveles resultará mejor para el municipio y sus vecinos una gestión indirecta».
Los socialistas defienden que la gestión del agua debe ser pública y transparente
El Grupo Municipal Socialista ha votado en contra de la propuesta del gobierno del PP para mantener privatizado el servicio de agua domiciliaria en Benalmádena. Los socialistas defienden que la gestión del agua debe ser pública, transparente y al servicio de la ciudadanía, y no un negocio en manos de empresas privadas.
“El agua es un bien común, no un producto con el que hacer negocio. Los beneficios, las plusvalías y las rentabilidades deben quedarse en Benalmádena y
revertir en nuestros vecinos, no ir a la cuenta de resultados de una gran multinacional”, ha afirmado el portavoz socialista Víctor Navas que, además, ha recordado que en el año 2000, bajo el mandato del entonces alcalde Enrique Bolín, se privatizó el 50% de la empresa pública del agua, “una decisión que hipotecó durante 25 años la gestión de un recurso esencial”. “Nuestra intención siempre fue recuperar el servicio una vez finalizada la concesión, para
devolverlo a la gestión 100% municipal. Pero el gobierno de Lara ha optado por mantenerlo en manos privadas, con prisas, sin diálogo y con total opacidad”, ha
añadido.
Por su parte, la concejala socialista Isabel Ruiz ha denunciado que la decisión del PP “se apoya en un informe jurídico encargado a una consultora externa
que carece de rigor técnico, ignora los criterios sociales y ambientales, y presenta datos que no se ajustan a la realidad”. “El estudio no detalla las inversiones, no analiza todas las opciones de gestión y utiliza cifras erróneas, incluso en materia financiera. Justifican la privatización alegando que las empresas privadas acceden a mejores créditos, pero los datos no coinciden con las tablas del Banco de España ni contemplan las múltiples fórmulas de financiación pública”, ha explicado Ruiz.
Desde el PSOE han solicitado dejar la propuesta sobre la mesa para su revisión y un debate serio, “pero una vez más —señalan— el PP ha hecho uso de su
mayoría absoluta para imponer su modelo, sin diálogo y sin transparencia”. Además, los socialistas han advertido de que tanto la consultora que ha elaborado el informe como la actual adjudicataria “figuran en una denuncia presentada ante la Fiscalía de Sevilla por un caso similar en Écija, lo que aumenta las dudas sobre la limpieza del proceso”.
“El gobierno de Lara vuelve a actuar con oscurantismo y arrogancia, priorizando los intereses privados frente al bienestar de la ciudadanía. No hay justificación
posible para mantener privatizado un servicio tan esencial como el agua”, ha concluido Víctor Navas.
En el mismo pleno, el gobierno de Lara ha aprobado en solitario una nueva subida de la tarifa del agua y del abastecimiento, que acumula ya un incremento del 30% en los últimos dos años, situando a Benalmádena con el agua más cara de toda la Costa del Sol. Una decisión que, según el PSOE, “demuestra que el modelo privatizado solo sirve para encarecer los servicios y castigar a las familias benalmadenses
