La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona, Emma Molina, ha alzado la voz contra la aprobación inicial de un nuevo modelo de Vivienda de Protección Oficial (VPO) impulsado por el equipo de gobierno local, al que acusa de desvirtuar el sentido social de este tipo de inmuebles y favorecer la especulación urbanística.
Según ha denunciado Molina, el proyecto aprobado en pleno contempla la posibilidad de construir viviendas protegidas en suelos actualmente clasificados como de uso comercial, turístico o industrial. Esta modificación, a juicio del grupo socialista, supone una “grave desviación” del objetivo que históricamente ha tenido la vivienda protegida: facilitar el acceso a un hogar digno a personas con menos recursos económicos.
La portavoz socialista ha advertido, además, de que los nuevos límites establecidos en el proyecto contribuyen a alejar aún más la vivienda protegida de su función social. En concreto, ha señalado que se eleva el umbral del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) hasta los 58.800 euros, lo que —sumado a un precio del metro cuadrado que podría alcanzar los 2.600 euros— situaría el coste final de una VPO en torno a los 250.000 euros.
Un chollo para los inversores y promotores
“Con esos precios, hablar de vivienda protegida es un sinsentido. Se trata de una fórmula que no busca garantizar el derecho a la vivienda, sino abrir una nueva vía para la especulación”. “Esto no es vivienda protegida, es un chollo para promotores e inversores. Es vivienda protegida para ricos. Se elimina el control y la transparencia, y se abre la puerta a que las viviendas públicas acaben en manos de quien más le convenga al promotor. Mientras tanto, las familias de clase media y trabajadora no pueden acceder a una vivienda por los precios desorbitados en Estepona» ha declarado Molina.
Desde el PSOE de Estepona insisten en que la vivienda protegida debe mantenerse como un instrumento de justicia social y no convertirse en un producto más dentro del engranaje del negocio urbanístico. Por ello, han votado en contra de este nuevo modelo y han exigido al Ayuntamiento un “urbanismo al servicio de la ciudadanía”.
Molina ha concluido su intervención recordando que el acceso a la vivienda es un derecho recogido en la Constitución, y ha hecho un llamamiento al equipo de gobierno para que “rectifique este camino erróneo que solo beneficia a unos pocos”.
