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Marta M.

Fiscalía pone bajo la lupa al alcalde de Benahavís por la presunta ocupación de suelos municipales

Urbanismo

La Fiscalía de Málaga ha dado curso a la denuncia presentada por la oposición contra José Antonio Mena, alcalde de Benahavís, trasladando el expediente a la sede judicial de Marbella para que se inicien las indagaciones pertinentes.

El procedimiento nace de una demanda del grupo socialista que señala una presunta utilización irregular de terrenos de titularidad pública en beneficio de una entidad hotelera privada. Los hechos, que también salpican a Mena en su condición de responsable de Urbanismo, apuntan a una posible explotación económica de suelos en el paraje de Caserías del Esperonal por parte del Marbella Club Hotel sin que medie permiso legal alguno.

Según el relato acusatorio, la empresa estaría operando instalaciones fijas en una superficie que supera las 34 hectáreas sin disponer de las licencias necesarias ni haber abonado contraprestación económica al consistorio. La denuncia sostiene que el gobierno local ha permitido y mantenido esta situación de forma deliberada a pesar de conocer su ilegalidad.

Los socialistas consideran que existen indicios de delitos graves como la prevaricación por omisión, la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias, fundamentando sus sospechas en el hecho de que el propio Ayuntamiento habría reconocido previamente la ocupación de estas fincas municipales.

La documentación aportada revela que el hotel ha procedido al vallado de cuatro parcelas del inventario municipal, otorgando al dominio público una apariencia de propiedad privada. Esta maniobra no solo habría eludido el pago de tributos correspondientes, sino que ha generado un perjuicio patrimonial directo a las arcas de Benahavís. Ante este escenario, la acusación ha solicitado que la investigación incluya la declaración del alcalde y de los principales responsables técnicos del ayuntamiento, como el secretario y el interventor, además de los directivos de la mercantil implicada, con el fin de clarificar si existió una desviación de poder para favorecer intereses privados mediante el uso del planeamiento urbanístico.

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