Izquierda Unida exige que se evite el desahucio de 36 familias del barrio El Calvario de Torremolinos, dado que la Sareb tiene previsto ceder esas 36 viviendas por un importe de 2.875.000 euros quedando los inquilinos e inquilinas en la calle. En ellas habitan en concreto 63 personas en la calle Rodrigo y 64 en la calle Río Yeguas, más de 120 personas que conforman esas 36 familias entre las que nos encontramos con algunas con algún miembro con discapacidad reconocida y dependencia, familias numerosas, con personas de edad avanzadas y/o niños escolarizados durante este curso en un centro cercano a las viviendas.
El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha recordado que “Torremolinos es uno de los municipios con el mercado inmobiliario más tensionado como consecuencia de la ausencia de políticas de vivienda de la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla se ha negado sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda que está permitiendo bajar los precios en comunidades autónomas en la que se está aplicando. El Gobierno andaluz tampoco ha promovido vivienda pública y social dejando en manos de la especulación inmobiliaria la materialización del derecho a la vivienda que ampara a todas y todos los andaluces”.
“En este contexto de asfixia de familias trabajadoras para acceder a la vivienda, se puede producir el desahucio de 36 familias en el barrio del Calvario de esta localidad malagueña. Todas estas familias llevan más de 10 años pagando el alquiler de sus viviendas, la comunidad y los gastos de luz y agua, pero el promotor de las mismas dejó de pagar un préstamo hipotecario y ahora las familias corren el riesgo de que la Sareb ceda dichas viviendas y sean desahuciadas”.
Valero ha anunciado que “hemos pedido al gobierno que evite que la Sareb ceda las viviendas a fondos de inversión y, sin embargo, las ceda a la empresa pública de vivienda que ya ha anunciado que va a crear y así se garantice la permanencia de las familias afectadas. También le hemos pedido al gobierno que alternativamente si el Ayuntamiento de Torremolinos lo pide, le traspasé las viviendas al consistorio para garantizar lo mismo, que ninguna familia desahuciada de estas viviendas”.
Por su parte, el concejal portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos, David Tejeiro, ha señalado que “hoy por hoy encontrar una vivienda de alquiler a precio razonable en Torremolinos es imposible. Si estas 36 familias son expulsadas de sus casas no van a encontrar una alternativa asequible donde vivir en Torremolinos y eso es lo más dramático del problema. No hay solución alternativa”.
“La situación podría ser distinta si la Junta de Andalucía cumpliera la Ley de Vivienda, si se pusiera a coto de una vez a la plaga de los de los pisos turísticos que hay más de 5.000 en Torremolinos, si el Ayuntamiento hubiera atendido alguna de nuestras iniciativas para tener vivienda pública, pero no ha sido el caso. Ahora lo urgente es buscar una solución para el drama que están viviendo esas 36 familias y para ello es necesaria la implicación de todas las administraciones”, ha apuntado Tejerio, quien ha recordado que “el próximo día 3 de abril se ha convocado a las diez de la mañana una concentración a las puertas de la ayuntamiento para defender el derecho a la vivienda de estas 36 familias.
Fue la promotora Mamelli, en 2005, la que pidió una hipoteca para la construcción del edificio de viviendas puestas en alquiler en el barrio de El Calvario. Los problemas económicos de la promotora le llevan a ceder la gestión de los alquileres a otra empresa de gestión de inmuebles que, a su vez, subarrienda las viviendas a las familias afectadas. Todos los contratos se fueron renovando sin ningún problema. Sin embargo, la promotora dejó de pagar el préstamo concedido y la gestora de los alquileres tampoco a pesar de que sí estuvo cobrando todos los meses los alquileres a las familias que corren el riesgo de ser desahuciadas por dichos impagos.
Una vez vencido el plazo de la deuda es la Sareb la que se hace con los activos y se inicia el procedimiento de la ejecución hipotecaria. Esto no es óbice para que la gestora siga cobrando los alquileres hasta que el 8 de enero de 2024 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torremolinos dicta un auto por el que establece que el contrato entre la promotora y la gestora no es válido y por tanto tampoco son válidos los contratos de alquiler que pagan las familias, por lo que dictamina el lanzamiento de las viviendas de 36 familias.
