La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, vuelve al centro del huracán. Esta vez, no por las andanzas judiciales de su entorno familiar, sino por una sanción directa contra una vivienda vinculada a ella misma: el Ayuntamiento que preside ha multado con 7.750 euros a una sociedad de la que es beneficiaria última, por ejecutar obras ilegales en una propiedad de lujo. La respuesta de Izquierda Unida ha sido clara: “inadmisible”.
Victoria Morales, coordinadora local de IU, no ha escatimado en palabras: “Ha mentido, ha incumplido la legalidad urbanística y lo único decente que le queda es dimitir”. La infracción urbanística, calificada de “grave”, obliga incluso a demoler parte de lo construido ilegalmente.
Pero más allá de la multa, lo que para Morales resulta especialmente alarmante es que la propia alcaldesa negó haber realizado obra alguna. Sin embargo, tras cerrarse el expediente abierto en 2019, los hechos contradicen sus palabras: las obras existieron, eran ilegales, y la sanción está ya dictada. “Queda claro que mintió”, sentencia IU.
Y como si el calendario político-judicial conspirara, esta sanción urbanística se ha conocido justo cuando comienza en la Audiencia Nacional el juicio a Joakim Broberg, hijastro de la regidora marbellí. El tribunal lo juzga por narcotráfico, blanqueo de capitales y cohecho, una pieza del mismo puzle en el que también estaba su padre, Lars Broberg, fallecido antes de poder sentarse en el banquillo.
Morales va más allá: recuerda que la vivienda afectada por la infracción pasó a manos de Muñoz mediante una donación de su esposo. Y plantea lo que muchos ciudadanos se preguntan: “¿De dónde proviene ese patrimonio?”. La coordinadora de IU exige claridad sobre el origen de los bienes de la alcaldesa, especialmente cuando se relacionan con una causa que investiga el blanqueo de dinero supuestamente vinculado al narcotráfico internacional.
“¿De verdad podemos tolerar que quien debería dar ejemplo cometa infracciones urbanísticas y siga al frente del Ayuntamiento?”, se pregunta Morales. Pero su acusación final resuena con eco político: “¿Y cómo debemos interpretar que el hijastro, mientras tejía presuntamente su red criminal, dijera sin pudor: ‘tenemos la Junta, tenemos Marbella, tenemos Estepona, tenemos toda la jodida Andalucía’, al tiempo que hablaba con concejales del gobierno local?”
