El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Benalmádena ha registrado en la mañana de hoy una moción proponiendo la constitución de una comisión de investigación para aclarar y delimitar las posibles responsabilidades políticas de los casos “legionela”, “charters” y “hotel vistamar” que se encuentran ya en el ámbito judicial.
Su portavoz, E. Pablo Centella, ha explicado mediante nota de prensa que “la intención de nuestro grupo es aclarar que ha ocurrido en estos casos en los que se encuentran imputados varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena. Estamos hablando”, aclara, “de asuntos muy graves donde se investiga la posible de comisión de delitos tales como prevaricación y malversación en beneficio de terceros en algún caso de familiares directos”.
“Hasta el propio Alcalde está imputado en uno de los tres casos que investiga la justicia sin que la ciudadanía haya recibido explicación alguna por parte de ningún miembro del equipo de gobierno”, se lamenta Centella al tiempo que quiere dejar claro que “no se trata de interferir en los procedimientos judiciales pues este y el político poseen ámbitos diferentes de actuación. Los benalmadenses tenemos derecho a saber qué es lo que ha ocurrido y dónde mejor que en la sede de la soberanía popular local, nuestro Ayuntamiento”.
Por último, el portavoz de la alianza de izquierdas en el Ayuntamiento de Benalmádena ha expresado su “esperanza en que el PP no obstaculice la constitución de la comisión de investigación pues debe ser el primer interesado en que se conozcan todos los extremos de sus actuaciones en unos casos investigados que han superado ya los limites mediáticos locales y provinciales convirtiéndose en un hervidero de preocupación de una buena parte de la sociedad benalmadense. Si el Sr Lara se esconde e impide que se investiguen los hechos desde el punto de vista social y político estará dando muestras de debilidad y miedo a que se conozca la verdad. Quien nada teme no se esconde”.
La comisión de investigación propuesta deberá constituirse en caso de aprobarse tras la celebración de las elecciones autonómicas según Centella “para no interferir en la campaña electoral” y deberá concluir con un dictamen en un plazo no superior a cuatro meses desde su constitución. Los grupos políticos podrán solicitar la comparecencia de tres personas por caso analizado.
