Una tras otra y las que le queda. El regidor de Benalmádena, Juan Antonio Lara (PP), suma ya su sexta condena judicial por negarse a entregar información a la oposición y puede que siga ese recorrido con más litigios. Ahora, otra vez, la Justicia vuelve a darle un varapalo al Ayuntamiento por lo que el juez califica, una vez más, de «falta de transparencia». Una conducta que empieza a parecer más norma que excepción.
La portavoz del PSOE, Sandra Ochoa tuvo que recurrir a los tribunales tras solicitar acceso al expediente del comité de acoso laboral originado por una denuncia de CCOO. La respuesta que obtuvo desde el Gobierno de Lara fu silencio administrativo, negativa constante y cerrojazo informativo, según denuncia la socialista.
“El alcalde no sólo oculta información: vulnera derechos fundamentales amparados por la Constitución”, reclama Ochoa, que ha tenido que recurrir a casi una veintena de demandas judiciales por este mismo motivo. “Seguiremos luchando en los tribunales si es necesario”, advierte la edil, visiblemente indignada. Lo cierto es que frente al alcalde se encuentra una oposición que no piensa callar.
Pero esta nueva condena es solo la punta del iceberg. La agenda del alcalde parece más la de un imputado que la de un gestor público. Su nombre figura en varios procedimientos judiciales y, según algún medio local y se comenta en algún cenáculo político, se especula con el hecho de que en el PP nacional, al que le llegan estas informaciones negativas, podrían estar valorando el daño que esta situación representada por Juan Antonio Lara, le podría estar dañando en términos electorales.
El más conocido de los problemas judiciales, el ‘Caso Legionella’, conlleva que Juan Antonio Lara deberá declarar como investigado por delitos tan graves como prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho, relacionados con la compra de maquinaria por más de 35.000 euros de dinero público.
A esto hay que sumar una veintena de denuncias por ocultación de información, una causa sobre los presupuestos municipales de 2024 por posible vulneración de la ley de estabilidad presupuestaria, y otra sobre el Puerto Deportivo, donde se señala la contratación de una abogada que, además, tiene procedimientos abiertos contra la propia marina municipal. Un auténtico polvorín político-judicial.
Un gobierno que gobierna a puerta cerrada
Mientras tanto la oposición socialista, representada por el anterior alcalde, Víctor Navas y su grupo de concejales y concejalas, denuncia a diario esta situación que vive Benalmádena y que tildan de “apagón democrático”. La oposición no puede acceder a expedientes clave, ni fiscalizar las decisiones de un alcalde que, según las resoluciones judiciales, incumple la Ley de Transparencia de forma sistemática.
Mientras tanto, la imagen del Ayuntamiento de Benalmádena se ve empañada por una sucesión de sentencias, denuncias y sospechas que siembran dudas sobre el futuro político del primer edil.
