La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena de cinco años y seis meses de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano, al considerar que existen indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La acusación sostiene que el regidor contrató de forma irregular a una mujer como personal eventual, con quien mantenía una relación sentimental, a sabiendas de que esta no desempeñaría ninguna actividad laboral para el consistorio.
De acuerdo con el escrito de acusación emitido este martes, la mujer fue nombrada en febrero de 2023 como personal de confianza adscrita al Área de Control Externo. Durante los 46 días que permaneció en el cargo, percibió dos nóminas que sumaron un total de 5.276 euros sin que se haya acreditado contraprestación alguna por dicho dinero público. Por estos hechos, el Ministerio Público también solicita para el alcalde la inhabilitación especial para cargo público durante una década, mientras que para la mujer, considerada cooperadora necesaria, pide tres años y medio de cárcel.
Como parte de las pruebas, la Fiscalía ha requerido el análisis de las conversaciones de WhatsApp mantenidas entre ambos durante los meses previos a la contratación, así como el rastro de diversas transferencias bancarias de 2.000 euros mensuales que el regidor habría realizado a la acusada. Asimismo, el fiscal exige que el alcalde indemnice al Ayuntamiento de Estepona con el importe total de los sueldos percibidos, a menos que se acredite el ingreso efectivo de un cheque que García Urbano emitió recientemente para intentar devolver dicha cantidad.
Por su parte, la defensa del alcalde ha tildado la petición fiscal de «disparate jurídico» y mantiene que el proceso se sustenta en una declaración falsa de una persona que ya ha faltado a la verdad en causas anteriores ya archivadas. El equipo legal del regidor ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial para solicitar el sobreseimiento de la causa, mientras que desde el gobierno municipal denuncian una «campaña de persecución política» destinada a dañar la imagen del primer edil. Esta situación procesal coincide con la personación de la acusación popular, ejercida por el PSOE, que solicita por su cuenta una pena de cuatro años de prisión para el mandatario del Partido Popular.
