La Junta de Andalucía ha reafirmado su intención de privatizar la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, una medida que, según sus responsables, permitirá ingresar más de cuatro millones de euros anuales a las arcas autonómicas. Entre los argumentos esgrimidos están también la creación de empleo y el ahorro en costes de mantenimiento.
El delegado territorial en Málaga de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Antonio García Acedo, compareció este viernes para ratificar un plan que comenzó a gestarse a finales de 2023, cuando el Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció la eliminación de estas instalaciones por considerarlas económicamente insostenibles. Entonces se argumentó que generaban apenas 16 millones de ingresos frente a un gasto de 140 millones.
Desde mayo de 2024, la consejera Carolina España señaló la privatización como la solución para el futuro de la residencia marbellí, cuya gestión pasará previsiblemente a manos de una empresa del sector hotelero. Sin embargo, para llevarlo a cabo, es necesario un proceso de recalificación urbanística, ya en marcha desde noviembre de 2024, que permita cambiar el uso del suelo: de equipamiento público con fines sociales a uso hotelero privado.
Este cambio urbanístico, que debe ser aprobado por el Ayuntamiento de Marbella, abre la puerta a una concesión privada por 75 años, cuyo pliego de condiciones incluirá obligaciones para la empresa adjudicataria. Entre ellas, realizar inversiones iniciales para adecuar el espacio, así como garantizar la protección del patrimonio histórico andaluz, dado que el inmueble figura en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Desde la Junta insisten en que el proyecto no solo generará ingresos, sino también empleo y dinamismo económico para Marbella, la provincia de Málaga y Andalucía en general. “No tiene sentido mantener una parcela de casi 200.000 metros cuadrados en desuso, pagando su mantenimiento”, justificó García Acedo, quien defendió que los ingresos del canon revertirán en la financiación de servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia o infraestructuras.
No obstante, la operación cuenta con voces críticas. El PSOE ha propuesto, por ejemplo, destinar los actuales los actuales bungalows a viviendas asequibles, lo que supondría mantener un uso social del complejo. Pese a ello, la Junta enmarca esta actuación en su estrategia iniciada en 2019 para dar uso al patrimonio infrautilizado con el objetivo de generar tanto ahorros como ingresos para la administración.
