El Tribunal de Instancia de Estepona ha decidido prolongar la investigación penal que pesa sobre el alcalde del municipio, José María García Urbano (PP), y sobre Cristina Pulido, quien trabajó como asesora eventual en el Ayuntamiento durante menos de dos meses en 2023. La resolución judicial, firmada el 4 de diciembre de 2025, rechaza la solicitud de archivo presentada por las defensas y considera que existen elementos suficientes para continuar hacia un posible juicio ante el Tribunal del Jurado.
El magistrado sostiene que el regidor habría utilizado su cargo para facilitar a Pulido un puesto temporal cuya finalidad principal habría sido proporcionarle ingresos públicos. Según la investigación, antes de esa contratación el alcalde le habría entregado dinero de forma particular —cifras que, según la causa, oscilaron entre los 1.000 y los 4.000 euros mensuales durante 2022 y principios de 2023— hasta sumar 21.000 euros, supuestamente destinados a cubrir gastos de alquiler y necesidades personales de ella.
Pulido fue nombrada asesora adscrita al Área de Control Externo en febrero de 2023 y cesada mes y medio después. Durante ese periodo recibió 5.276,92 euros netos en concepto de nóminas municipales. El juez destaca que no aparece rastro alguno de actividad profesional: ni registro horario, ni documentos firmados, ni intervención en expedientes. Ella misma reconoció que su única presencia en el Ayuntamiento fue para formalizar la toma de posesión.
Las explicaciones sobre sus funciones tampoco coinciden. Un informe interno apuntaba a labores de inspección visual de limpieza urbana e iluminación, pese a que en aquel momento la trabajadora residía en Córdoba. El alcalde, por su parte, afirmó que la contratación estaba vinculada a tareas de seguimiento en redes sociales. Para el instructor, esa disparidad refuerza la idea de que el nombramiento habría sido una ‘ficción administrativa’ destinada a justificar un salario público.
La resolución judicial enmarca provisionalmente los hechos en un presunto delito de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 del Código Penal. En esa hipótesis, García Urbano sería el responsable directo y Pulido habría colaborado conociendo la verdadera finalidad del empleo municipal que se le asignó.
La defensa del alcalde ha aportado un justificante del reintegro al Ayuntamiento de la cantidad que se investiga. El juzgado acepta el documento, pero insiste en que esta acción no elimina los indicios delictivos ni evita que la causa siga adelante.
Además de ampliar la instrucción durante medio año más, el juez otorga cinco días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares —representadas por la portavoz socialista Emma Molina Fernández y por Manuel Melchor Aguilar Illescas (VOX)— para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de acusación.
