El Partido Popular ha vuelto a hacer valer su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Benalmádena para sacar adelante, en solitario, la aprobación inicial del nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM), una norma que la oposición considera un ataque directo al debate democrático y un intento deliberado de silenciar a los grupos que no forman parte del gobierno local.
PSOE, Vox e IU-Podemos denuncian que el texto recorta de forma drástica los tiempos de intervención, vacía de contenido el control político y consolida un modelo de plenos cada vez más opaco, desequilibrado y al servicio exclusivo del alcalde. Para los grupos de la oposición, lejos de mejorar el funcionamiento institucional, el reglamento persigue blindar al PP frente a la crítica y reducir la fiscalización pública de su gestión.
Las formaciones coinciden en que el PP ha rechazado cualquier negociación real y ha impuesto un reglamento con vocación de permanencia sin consenso, sin diálogo y sin respeto a la pluralidad política de la Corporación, pese a que se trata de una norma que condicionará el funcionamiento democrático del Ayuntamiento durante años.
Uno de los aspectos más polémicos del ROM es la desigualdad absoluta en el uso de la palabra. Mientras a la oposición se le limita a cinco minutos por intervención, el alcalde, Juan Antonio Lara, se reserva tiempo ilimitado, un privilegio que, según denuncian, convierte los plenos en un monólogo del gobierno y degrada el debate institucional a una mera escenificación.
El portavoz de Vox, Joaquín Amann, calificó el reglamento como un intento burdo de censura política y advirtió de que su grupo informará directamente a los vecinos de todo aquello que, a su juicio, el PP pretende ocultar en los plenos. “Si nos cierran la boca dentro, hablaremos fuera”, afirmó, anunciando una campaña informativa para sortear las restricciones impuestas.
Desde el PSOE, su portavoz Víctor Navas fue tajante al señalar que el nuevo reglamento no responde a ninguna necesidad real, sino al interés personal del alcalde. Recordó que durante 47 años de democracia los plenos se han desarrollado aplicando la legislación vigente sin necesidad de un ROM propio, y acusó a Lara de promover esta norma por su incapacidad para gestionar sesiones con debate y control político.
Los socialistas subrayan que este recorte del debate se suma a una estrategia sistemática de bloqueo informativo, que ha obligado al grupo municipal a acudir reiteradamente a los tribunales para acceder a expedientes y documentación pública. Una deriva que, advierten, evidencia un patrón preocupante de retroceso democrático y falta de transparencia.
El reglamento, aprobado únicamente con los votos del PP, contempla una estructura que regula desde el estatuto de los concejales hasta el funcionamiento interno del Pleno, la Junta de Gobierno y las comisiones, pero lo hace —según la oposición— desde una lógica de control político y no de mejora institucional.
Tras esta aprobación inicial, el texto se someterá a exposición pública y a un periodo de alegaciones que la oposición afronta con escepticismo, ante el temor de que el PP vuelva a imponer su rodillo parlamentario y cierre definitivamente la puerta a cualquier modificación sustancial.
