Tras el proceso de licitación convocado por la Junta de Andalucía para conceder la explotación de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella como complejo hotelero, finalmente dos compañías han sido admitidas y continúan en el procedimiento. Aunque inicialmente se presentaron tres ofertas, una de ellas ha quedado fuera de concurso, por lo que no opta ya a hacerse con la gestión de estas instalaciones, que dejarán de cumplir una función social para convertirse en un negocio privado.
La convocatoria, anunciada el 29 de julio de 2025, abrió un periodo para la entrega de propuestas que se prolongó desde el 1 de septiembre hasta el 23 de noviembre. Debido a la presentación de recursos impugnando el pliego, la Junta amplió el plazo hasta el 23 de diciembre para permitir la participación de más interesados.
De las tres ofertas registradas, solo dos han sido consideradas válidas. Ha quedado excluida Leisure City Management S.L.U., al no acreditar la solvencia económica requerida con su propia personalidad jurídica, lo que ha motivado su rechazo por parte de la administración.
Las empresas que continúan en el proceso son Ritusa S.A., vinculada al grupo Fuerte Group, fundado en Marbella, y Barceló Arrendamientos Hoteleros S.L., perteneciente al grupo hotelero Barceló, con presencia en el municipio. En las próximas semanas se celebrarán varias mesas de contratación hasta decidir cuál de las dos propuestas resulta adjudicataria.
La concesión que se otorgue tendrá una duración de 75 años, ampliable hasta 99 años, y la empresa vencedora deberá abonar un canon mínimo de 4 millones de euros. Paralelamente, el Ayuntamiento de Marbella tramita un cambio urbanístico para modificar el uso del suelo de equipamiento a hotelero.
El PSOE ha intensificado su crítica al proceso de privatización. El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha llevado la cuestión al Parlamento de Andalucía, recordando que “desde su inauguración en 1962 la Residencia de Tiempo Libre ha desempeñado un papel social, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad”. Aguilar ha subrayado que este uso “podría haberse mantenido o incluso reconvertido para ofrecer alquileres de larga duración a familias trabajadoras”, algo especialmente necesario ante los elevados precios de la vivienda. Según el socialista, la operación supone “un pelotazo urbanístico” que elimina el componente social de la infraestructura.
Por su parte, la portavoz municipal del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, ha instado a la alcaldesa Ángeles Muñoz a frenar la privatización y a defender los intereses de los vecinos en lugar de alinearse con la Junta de Andalucía. Pérez ha afirmado que Muñoz “no puede seguir siendo cómplice de Moreno Bonilla” y que “debería exigir que se revierta el asalto al patrimonio público local”.
Además, ha insistido en que “existen alternativas antes de privatizar este suelo”, proponiendo que la residencia se destine a facilitar vivienda asequible, una medida que ayudaría a aliviar la grave crisis de acceso a la vivienda en Marbella y San Pedro Alcántara.
La portavoz socialista también ha criticado la falta de inversión de la Junta en infraestructuras de competencia autonómica y ha asegurado que, en lugar de pensar en beneficios privados, “las autoridades deberían priorizar los servicios públicos y las necesidades de la población”.
