El sistema sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Torremolinos, activo desde febrero, se ha topado con un obstáculo inesperado como son miles de multas pendientes de cobro por un fallo de compatibilidad entre los programas informáticos del Ayuntamiento y la Diputación. El retraso ha desatado una tormenta política en la que VOX y la izquierda coinciden en el diagnóstico que no es otro que un auténtico caos administrativo.
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Torremolinos, que comenzó a aplicarse de forma plena el pasado 15 de febrero, no solo ha traído cámaras y restricciones al tráfico. También ha generado un monumental atasco burocrático. Según denuncia VOX, más de 8.000 sanciones se habrían acumulado sin llegar aún a sus destinatarios, lo que supondría un importe total de 1,6 millones de euros, calculado a razón de 200 euros por multa.
El portavoz de VOX en el municipio, Francisco Garrido(en la foto), sostiene que esta situación demuestra el carácter “puramente recaudatorio” de la medida. “La ZBE no busca mejorar la salud ni la calidad del aire, sino llenar las arcas municipales con un nuevo impuesto inventado por el PSOE de Sánchez y ejecutado por el PP”, declaró. Según su versión, un problema técnico en el Patronato de Recaudación Provincial habría paralizado el envío de notificaciones, aunque asegura que, tarde o temprano, los infractores acabarán recibiéndolas.
No es la primera vez que se critica la gestión de la ZBE. En julio, David Tejeiro, concejal de IU-Podemos, ya lamentó la falta de previsión del Ayuntamiento por no acompañar la medida de alternativas de transporte público. Aquel mismo mes, Tejeiro advirtió que las sanciones no estaban siendo cobradas, lo que podría acarrear recargos y pérdida de descuentos por pronto pago cuando finalmente se tramiten.
Desde el Ayuntamiento de Torremolinos, sin embargo, restan dramatismo al asunto. Fuentes municipales explican que el retraso se debe a una incompatibilidad entre los sistemas informáticos locales y los del Patronato, dependiente de la Diputación de Málaga. “El problema está en vías de solución y se trabaja para garantizar la seguridad jurídica de todos los afectados”, aseguran.
El Consistorio insiste en que las cifras difundidas por la oposición no son “cierta, ya que no contemplan posibles deducciones ni el hecho de que una sanción no es efectiva hasta que se notifica.
Desde la Diputación Provincial, responsable del Patronato de Recaudación, admiten la existencia de una anomalía de carácter eventual debida a la implantación de un nuevo software. Aunque el cobro puede efectuarse de inmediato, la validación de cada multa se realiza con retraso, lo que ha provocado el actual desajuste. El fallo, subrayan, solo se ha detectado en Torremolinos y ya se está trabajando para resolverlo.
Mientras tanto, las multas de la ZBE siguen esperando su turno en los despachos.
