La antigua Residencia de Tiempo Libre de Marbella, con más de 230 habitaciones junto a Las Chapas, no se convertirá en un recurso para paliar la crisis de vivienda. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella han optado por recalificar el suelo para uso hotelero, firmando un convenio que permitirá levantar un complejo de lujo en una de las zonas más codiciadas del litoral.
La decisión llega en plena emergencia habitacional. Sindicatos y partidos ven en el proyecto una “operación especulativa” que favorece a promotores turísticos en lugar de atender la falta de viviendas asequibles. Esta decisión de los dos PP, el del Ayuntamiento y el de la Junta, ha encendido los ánimos de la oposición, que acusa al gobierno local de anteponer el beneficio privado al interés general. Desde el PSOE se denuncia que “se regala suelo público por 4 millones de euros a cambio de 75 años de explotación privada”. El concejal socialista José Bernal ha sido tajante: “Solo alguien sin escrúpulos ni sensibilidad puede decir que eso es perder dinero”, en referencia a la cesión de suelo público protegido a intereses privados.
La portavoz del PSOE en el municipio, Isabel Pérez, ha ido en la misma línea, cargando contra la gestión del Consistorio: “Están colocando los negocios por encima de las necesidades de los vecinos”, ha declarado.
“Gobierno del Monopoly que sufre Marbella”
Desde Izquierda Unida, también se han lanzado duras advertencias sobre el impacto ambiental y social del proyecto. Según han denunciado, se trata de “casi 100.000 metros cuadrados de suelo público con valor ecológico y protección dunar que acaban en manos de la especulación”. Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, no ha escatimado en calificativos: “Estamos ante otro hotelazo, una operación de manual de este gobierno del Monopoly que sufre Marbella”. Nieto ha anunciado además una ofensiva parlamentaria para intentar frenar lo que califica de “expolio urbanístico”.
El terreno, de alto valor ecológico por su cercanía a dunas protegidas, verá aumentada su edificabilidad en 30.000 m². La oposición advierte que el Ayuntamiento asume gastos que competen a la Junta mientras esta “liquida patrimonio común a precio de saldo”.
Lo que fue un símbolo del turismo social andaluz, cerrado desde 2014 y abandonado en 2023, es ahora una nueva bandera del urbanismo especulativo en la Costa del Sol. “Del derecho a unas vacaciones dignas pasamos al derecho a forrarse”, resumen desde la oposición.
