La vivienda se perfila como uno de los grandes campos de batalla de la campaña autonómica andaluza de cara al 17 de mayo. A falta de 54 días para las elecciones, el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla continúa defendiendo unos datos macroeconómicos que contrastan con una realidad cada vez más dura para miles de familias. El caso de Manilva es, hoy, el ejemplo más crudo de esa Andalucía a dos velocidades que el Ejecutivo andaluz evita afrontar.
Este martes, 62 familias —con cerca de 180 menores— han sido desalojadas de sus viviendas sin que la administración autonómica haya logrado impedirlo. El operativo, ejecutado con un amplio despliegue policial y comitiva judicial, ha culminado el que ya se considera el mayor desahucio reciente en Andalucía.
El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando un fondo de inversión adquirió la titularidad de las viviendas. Desde ese momento, las familias quedaron atrapadas en una situación límite: se les negó la posibilidad de seguir pagando alquileres asumibles y se les impuso una opción de compra inasumible para inmuebles que, en muchos casos, habían levantado ellas mismas. El proceso desembocó en una ejecución hipotecaria que este 24 de marzo se ha hecho efectiva.
Ni la presión social ni la movilización han sido suficientes. Decenas de activistas por el derecho a la vivienda, junto a plataformas ciudadanas y representantes políticos de IU, Por Andalucía y Podemos, trataron de frenar el desalojo. No lo consiguieron. La mayoría de las familias fueron expulsadas, con la única excepción de algunos casos de especial vulnerabilidad.
La escena ha dejado imágenes de gran dureza. Una mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia tras sufrir un síncope en pleno operativo, a pocas horas de una intervención cardíaca programada para este miércoles.
Tras el desahucio, los afectados se dirigieron al Ayuntamiento de Manilva para exigir explicaciones a unas instituciones que, denuncian, les han dejado completamente desprotegidos frente a los intereses del fondo inversor.
Promesas incumplidas en el Parlamento andaluz
El pasado mes de febrero, el parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, llevó el caso al Parlamento autonómico. Allí preguntó directamente a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, qué medidas pensaba adoptar la Junta para frenar lo que calificó como un ejemplo extremo de especulación inmobiliaria. La respuesta del Gobierno andaluz fue aplazar cualquier decisión. La consejera aseguró que estaban a la espera de un informe de vulnerabilidad que debía elaborar el Ayuntamiento de Manilva, trasladando así la responsabilidad a la administración local.
Díaz llegó a afirmar que, una vez recibido dicho informe, se adoptarían medidas dentro de las competencias autonómicas y que el Ejecutivo estaba “pendiente” de las 62 familias afectadas. “Este Gobierno no cierra los ojos”, aseguró entonces. Sin embargo, apenas mes y medio después, el desalojo se ha ejecutado sin que se haya articulado ninguna solución efectiva.
El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha denunciado que Moreno Bonilla convoca las elecciones con un desahucio masivo que no es un hecho aislado, sino la ejecución de un modelo de «ley de la selva» que desprotege a los vulnerables frente a fondos de inversión. Asimismo, la candidata de la coalición, Victoria Morales, califica de «atentado contra la gente trabajadora» el blindaje policial del municipio y exige que la vivienda sea un derecho frente a la hoja de ruta depredadora de Moreno Bonilla.
