El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona ha validado oficialmente la entrada del PSOE como acusación popular en el procedimiento que investiga al alcalde de la ciudad, José María García Urbano, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Mediante un auto emitido este lunes 19 de enero, la magistrada ha aceptado la petición de los socialistas, contando con el respaldo previo de la Fiscalía. Para formalizar su participación en la causa, el partido deberá abonar una fianza de 2.000 euros, un trámite que la formación prevé completar de forma inmediata para tener acceso directo a la instrucción.
Tras confirmarse su personación, el PSOE de Estepona ha emitido un posicionamiento público en el que asegura que asumen este papel desde la «responsabilidad institucional y el respeto absoluto a la Justicia». La formación subraya que su personación no busca generar ruido político, sino cumplir con el objetivo de «defender el interés general, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos». En este sentido, los socialistas han hecho hincapié en que resulta fundamental esclarecer los hechos para asegurar que la gestión municipal esté a la altura de la ciudadanía, insistiendo en que «la confianza en las instituciones se protege con hechos, no con palabras».
El eje central de la investigación judicial gira en torno a la concesión de tres plantas de la torre Mirador del Carmen para su uso como restaurante. Según las indagaciones de la UDEF y la Fiscalía, la empresa adjudicataria tenía como socia única y administradora a la pareja del hijo del alcalde. El auto judicial señala que existen indicios de que la mercantil carecía de la solvencia económica y profesional exigible para un contrato de esta envergadura y que, presuntamente, fue el propio hijo del regidor quien sufragó los gastos básicos para que la empresa pudiera participar en el concurso. Estos datos llevan a la justicia a sospechar que la adjudicación pudo obedecer a una voluntad unilateral de la mesa de contratación, saltándose los requisitos legales.
El calendario judicial ya está en marcha y comenzará este 23 de enero con la comparecencia de dos testigos ante la jueza. El momento clave del proceso se vivirá el próximo 30 de enero, fecha en la que están citados a declarar como investigados el propio García Urbano, la concejala de Infraestructuras y Urbanismo, Ana Velasco, y los cuatro técnicos municipales que integraron la mesa de contratación. Por su parte, el equipo de gobierno del Partido Popular mantiene una postura de «tranquilidad absoluta», alegando que el alcalde no forma parte de los órganos de contratación ni interviene en la selección de empresas, defendiendo que todo el procedimiento se ajustó escrupulosamente a la ley.
Acumulación de causas judiciales
Este no es el único frente abierto para el alcalde de Estepona. Los socialistas han recordado que esta personación se suma a otros procedimientos en curso. Entre ellos destaca el caso de presunta malversación de caudales públicos. En dicho proceso se investiga la contratación como personal eventual de una mujer con la que el alcalde mantenía una “estrecha amistad”, y que presuntamente cobró fondos públicos sin realizar trabajo efectivo en el Ayuntamiento.
