El Ayuntamiento de Benalmádena tendrá que abonar 1.815 euros en costas judiciales tras una nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Málaga, que censura “el retraso excesivo e injustificado” en la entrega de un expediente público solicitado por el grupo municipal socialista.
El PSOE llevaba más de un año y medio esperando acceder a esta documentación, pese a que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y el Reglamento de Organización (ROF) fijan un máximo de cinco días naturales para responder este tipo de peticiones.
Con este fallo ya son siete las condenas contra el equipo de Gobierno de Juan Antonio Lara por obstaculizar el derecho de la oposición a obtener información pública. Un coste que, finalmente, se sufraga con dinero de las arcas municipales, es decir, de los propios vecinos de Benalmádena.
Los socialistas recuerdan que la falta de transparencia del actual Ejecutivo les ha obligado a presentar casi una veintena de demandas, al quedar bloqueadas todas las vías ordinarias de acceso a expedientes de interés para el municipio. En este caso, la documentación fue entregada in extremis, cuando el juicio ya tenía fecha, lo que no ha evitado la sanción judicial.
El fallo del tribunal reprocha al Consistorio su actuación “de mala fe” y el perjuicio causado a la oposición, imponiendo el pago de las costas.
El portavoz socialista y líder de la oposición, Víctor Navas, criticó que los ciudadanos deban “asumir un gasto que deriva de una gestión evitable e injustificada”, recordando que la transparencia “no solo es un mandato legal, sino una herramienta clave para prevenir la corrupción”.
Caso Legionella
Paralelamente, este lunes 22 de septiembre, el alcalde Juan Antonio Lara deberá declarar como investigado en el conocido como “Caso Legionella”, por presuntas irregularidades en la compra de maquinaria valorada en 35.404,60 euros con dinero municipal. La causa apunta a posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho.
